La JCE viola leyes fiscales y migratorias de EEUU con nombramientos de funcionarios en OCLEEs y OPREEs aseguran expertos

La JCE viola leyes fiscales y migratorias de EEUU con nombramientos de funcionarios en OCLEEs y OPREEs aseguran expertos

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Expertos en leyes fiscales y migratorias en Estados Unidos aseguraron que la Junta Central Electoral (JCE) viene violando las leyes de ese país en materia fiscal y migratoria al nombrar a funcionarios en las OCLEEs y OPREEs sin la documentación legal necesaria para trabajar, muchos de ellos como auxiliares consulares y otros designados con visas de turistas.

El consultor en reportes de impuestos Sócrates Ortiz, dijo que los nombrados en ambas categorías por la JCE, no caen en el renglón diplomático debido a que el tribunal de elecciones no es una entidad admitida por el Departamento de Estados, por lo que tienen la brecha de evadir el pago de los impuestos al no estar acreditados como representantes diplomáticos de la República Dominicana en Estados Unidos.

“Es un hecho, porque al la JCE no tener categoría diplomática, sus funcionarios en el exterior son asumidos por su nómina y reciben sus salarios con los fondos que le entrega el Gobierno dominicano a la junta para pagarles”, añadió el especialista.

Señaló que si se abre una investigación, tanto la JCE como los funcionarios nombrados, tendrían que responder ante las autoridades judiciales estadounidenses a través de la oficina del inspector general del Servicio de Rentas Internas (IRS) que es quien dirige las investigaciones.

Explicó que entre los cargos podrían estar los de evasión de impuestos y otros relacionados con el no pago de las contribuciones al IRS.

Por su parte, el consultor en inmigración, Jorge Laracuent, dijo que las leyes relativas a ese renglón también son violadas sistemáticamente por la JCE, especialmente al usar a la cancillería y otorgar pasaportes oficiales a sus designados en el exterior para garantizar sus visados.

Agregó que de acuerdo a sus informaciones en muchos casos, dirigentes políticos nombrados en la República Dominicana para tramitar el visado han sido rechazados por el consulado americano en Santo Domingo.

“El artículo 4 de la Convención de Viena, establece que Artículo no se podrá establecer una oficina consular en el territorio del estado receptor sin su consentimiento, la sede de la oficina consular, su clase y la circunscripción consular, las fijará el estado que envía y serán aprobadas por el estado receptor, estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimiento del estado receptor”, sostuvo Laracuent.

Añadió que también se necesitará el consentimiento del estado receptor si un consulado general o un consulado desea abrir un viceconsulado o una agencia consular en una localidad diferente de aquélla en la que radica la misma oficina consular y no se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular una dependencia que forme parte de aquélla, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso del estado receptor.

Expresó que ninguno de los procedimientos establecidos en la Convención de Viena se ha estado respetando con las designaciones de la JCE de sus funcionarios en el exterior y enviados desde la República Dominicana.

“En caso de que haya reportes o denuncias sobre empleados específicos de la JCE en Estados Unidos que no sean residentes permanentes o ciudadanos americanos, y se abra una investigación del Departamento de Seguridad Nacional, ellos estarían sujetos a ser arrestados por la policía de ICE, procesados y deportados a la República Dominicana”, añadió el consultor.

Al preguntarle que si conoce de algún nombramiento reciente, respondió que no tiene información respecto a que en la presidencia del doctor Román Jáquez Liranzo, todavía haya sido ningún funcionario nuevo en las oficinas de la JCE en el exterior, pero si mencionò varios casos de la administración pasada de la JCE:

CASOS EN NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY

En el contexto de los nombramientos de la JCE de funcionarios en Nueva York y Nueva Jersey, se registran numerosos casos, según confirmó un ex asesor de la junta en la gestión de Rosario, al igual que durante la presidencia de Castaños Guzmán,

Entre los nombrados en violación a las citadas leyes, figuran Gianilda Licelot Díaz Fernández, enviada a Nueva York como encargada administrativa de la JCE y quien en una entrevista con este reportero, admitió retiros masivos de cientos de miles de dólares en efectivo, pagos en efectivo sin ningún soporte y otras transacciones dudosas por lo que fue suspendida por la comisión investigadora de la JCE junto a otros varios funcionarios.

A Nueva Jersey fueron enviadas Yohanna Tineo y la abogada Sarah Lina Machado Balbuena, ambas apoyada por el suspendido director del voto en el exterior ingeniero Gilberto Cruz Herasme, y las que conspiraron para socavar la voluntad de los electores en ese estado cuando quemaron, desaparecieron y trituraron miles de votos nulos y observados. De igual manera, se han revelado serias irregularidades en el manejo de los fondos en esa OCLEE de New Jersey. Una fuente de es OCLEE en Nueva Jersey dijo que esas dos funcionarias, la administradora Tineo y la Jueza Machado, protagonistas del epicentro delictivo de la JCE en Nueva Jersey y las cuales no han sido suspendidas aún por la JCE, estarían en Estados Unidos trabajando con estatus migratorio ilegal.

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