Legisladores y sociedad civil abogan por modificar la ley que exonera vehículos

Legisladores y sociedad civil abogan por modificar la ley que exonera vehículos

  • Condenan que haya diputados y senadores que vendan sus exoneraciones a particulares y a concesionarios de automóviles
  • Consideran inequitativa y corrupta la distorsión del beneficio

SANTO DOMINGO,RD.- El presidente del Senado, Eduardo Estrella, otros legisladores y representantes de la sociedad civil abogan por que se revise el beneficio del que disfrutan por ley los senadores y diputados para importar vehículos exonerados de impuestos, una gracia que muchos negocian con particulares y concesionarios, y por la que el Estado dejó de recaudar RD$2,649.8 millones desde 2010.

“Soy de los que creen que, en un momento dado, eso pueda modificarse, pueda desaparecer”, dijo Estrella ayer en una entrevista televisiva. “Hay gente que habla de que las exoneraciones se reduzcan por lo menos como un primer paso, y que se les ponga límite, que no sean abiertas”.

Ayer, Diario Libre publicó dos historias que presentan a profundidad cómo a nombre de legisladores dominicanos se han traído al país carros deportivos y de lujo, autobuses para el transporte masivo, yipetas del año y otras unidades sin pagar impuestos.

Además, que entre los senadores y diputados existe la vieja práctica de vender por hasta US$20,000 o RD$1 millón ese privilegio que les da la Ley 57-96.

“Un legislador no tiene que tener un privilegio que no sea el salario que se le da por la función”, dijo Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana. “Muchos legisladores que han llegado ahí no con la intención de servir, es con la intención de servirse, y se lucran de esos mismos privilegios”.

Blanco entiende que lacera la confianza del ciudadano el hecho de que un legislador utilice “de manera corrupta ese beneficio para favorecer a particulares”.

“Es un dinero que dejó de percibir el pueblo, que dejaron de percibir los hospitales, que dejaron de percibir las escuelas. La sociedad dominicana tiene que entender en su justa dimensión qué significan esas exoneraciones, y exigir y ejercer mayor control social”, agregó.

Entre los 1,148 vehículos exonerados a nombre de legisladores dominicanos, registrados en una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas a solicitud de Diario Libre, hay 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otros vehículos costosos cuyo diseño y estilo no es el usual para viajar desde las provincias a las sesiones en la sede capitalina del Congreso Nacional o para visitar los pueblos del interior en trabajos propios de un legislador.

Los 1,148 vehículos fueron importados entre 2010 y el 12 de septiembre de 2021, y representaron un sacrificio fiscal de RD$2,649,859,207.26 por exonerarles los impuestos de rigor.

Los mismos legisladores conocen que entre sus colegas hay quienes venden las exoneraciones y así lo confesaron varios que entrevistó Diario Libre. Y entre los concesionarios de vehículos también se sabe que están a la oferta en el mercado.

El senador perremeísta por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, dijo que la venta de las exoneraciones debe ser un tema que se plantee en una eventual reforma a la ley.

“Eso debería ser limitado, porque si una exoneración que te la dan para que tu traigas un vehículo para el uso no tuyo personal, sino para el uso de tu labor como senador, debería limitarse a eso nada más, inclusive darle el uso a ese vehículo solamente cuando estén en actividades del Senado”, expresó.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró “inconsecuente” que haya legisladores que usaron el beneficio de las exoneraciones como un mecanismo “reprobable” que ha beneficiado a sectores ajenos al Congreso Nacional “que cuentan con la capacidad” para cumplir sus obligaciones impositivas.

“Queda claro que el modelo creado y aprobado por los propios legisladores ha demostrado ser inequitativo, irracional e ineficiente desde el punto de vista de la sociedad y del Estado”, comentó.

Castaños Guzmán dijo que es propicio llamar a la reflexión a los legisladores para iniciar el camino a la reforma de algunos mecanismos institucionales y controles que garantizan las distorsiones que “desnaturalizan” la esencia de la función legislativa como el barrilito, cofrecito y las ayudas sociales.

En el Congreso Nacional se han presentado propuestas para modificar la Ley 57-96, ya sea estableciendo un tope de monto a exonerar o eliminar esta facilidad para sustituirla por un bono compensatorio. Sin embargo, son los mismos legisladores que se benefician de las exoneraciones quienes no han aprobado cambiar la ley vigente.

Leonardo Suero, delegado político del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), consideró que debe eliminarse o limitarse a una exoneración a cada legislador para que traiga un vehículo utilitario que no cueste más de US$40 mil en el mercado.

“Eso debe contemplarse, inclusive, en la modificación de la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos Políticos”, dijo Suero, al señalar que la Constitución del país establece que no se puede legislar en beneficio propio.

El diputado por Alianza País, José Horario Rodríguez, recordó que en octubre de 2020, renunció a las dos exoneraciones que le corresponden en el actual periodo legislativo por entender que es “un privilegio que irrita a la ciudadanía”.

“Ahora que se habla de discutir una reforma fiscal, ese tema no puede quedar fuera del debate, el de las exoneraciones de legisladores y de muchas otras exenciones impositivas que no tienen justificación”, dijo.

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Reducir el costo de la campaña

Entre las razones que han alegado legisladores consultados por Diario Libre para vender sus exoneraciones está la cobertura de compromisos económicos asumidos en la campaña electoral. A propósito, el presidente del Senado dijo: “Creo que sobre eso tenemos que ir avanzando como sociedad, reducir los costos de campaña, porque al reducir los costos de campaña muchas de esas cosas deben ir quedando atrás”. Diputados han estimado que una campaña electoral para esa posición puede ir desde los RD$3 millones, RD$10 millones o más.

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